En México, hay 10 millones de adultos mayores que representan 9.6% de la población total, y para los cuales no hay programas sociales ni políticas públicas que garanticen una vida digna.
La comisión especial para la Familia en la Cámara de Diputados consideró que la población adulta (mayor de 60 años) llegará en 2050 a 26 millones, fenómeno que ocurre en Europa, donde las parejas rehúyen tener familia y cuidan su modo de vida. Así, Diputados buscan evitar “despojarlos de sus bienes”.
Como un primer paso, se impulsa establecer candados al Código Civil Federal en esa materia, con el fin de evitar que sean despojados de sus bienes y recursos materiales.
En materia jurídica, el juicio de interdicción consiste en declarar a una persona incompetente para manejarse en forma autónoma, debido a limitaciones o alteraciones de la inteligencia que les impide gobernarse o manifestar su voluntad, por lo cual se requiere nombrar a otra persona que la represente en el aspecto legal.
“Vamos a revisar la legislación civil en materia de tutela e interdicción para frenar ese tipo de ilícitos, y la recurrencia a usar las figuras o buscarle un tutor al adulto mayor porque no está bien de sus facultades mentales, a fin de que tenga un marco jurídico adecuado para que no sea exprés y un puente para el despojo de bienes”, afirmó la presidenta de la comisión, Diva Hadamira Gastélum (PRI).
Dijo que los familiares argumentan que un anciano ya no se vale por sí mismo ya sea por enfermedades, lagunas mentales o demencia senil, por lo que se investigan los medios para buscar el estado de interdicción o la falta de sus cinco sentidos, de tal manera que pasa la administración de cosas o amplios poderes que se dan para manejar bienes, servicios, pensiones.
Alejandro Orozco Rubio, titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), informó que cinco ejes rigen las políticas públicas: cultura del envejecimiento; envejecimiento activo y saludable; seguridad económica para que personas de 60 y más edad tengan empleo y tarjeta Inapam; protección social; defensa de sus derechos.
Informó que el instituto trabajan en un proyecto de reglamento definitivo para la Ley General de Adultos Mayores.
Victoria Adatto Green, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Familia, Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que hay aproximaciones pero no existen estadísticas en tema de discriminación, violencia física, emocional, despojo y pobreza en este sector.
Sin embargo es un problema real, aunque en muchas ocasiones no se denuncia. Dio a conocer que sólo por única vez el INEGI hizo una encuesta en el DF en 1999, en la que se reveló que 12 mil 650 adultos mayores murieron a causa de violencia familiar, donde 8 mil 834 fueron hombres y 3 mil 816 mujeres.
Dijo que 254 adultos mayores iniciaron y dieron seguimiento a una averiguación previa por violencia sicoemocional.
En su momento, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, dio a conocer que al menos una de cada cuatro personas adultas mayores que tienen 60 años y más ha sentido que sus derechos no son respetados.